En un informe de auditoría de la firma contable colombiana Nexia Montes & Asociados, contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para examinar los ingresos y gastos de las campañas presidenciales pasadas, se hallaron presuntas irregularidades en la campaña del Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez, las que son objeto de análisis por parte de los magistrados del tribunal electoral.

De acuerdo con un informe de la revista virtual Cambio en el reporte se hallaron donaciones en especie no declaradas, pagos a empresas que no existían para el momento del desembolso, y el reemplazo a última hora de una factura que evitó que se volaran los topes de financiación.

De acuerdo con la auditoría, algunos costos de la consulta interpartidista fueron irregularmente cargados a la primera vuelta de la campaña, lo cual podría tipificar una probable falsedad. 

Además, encontraron que gastos posteriores a la primera vuelta se incorporaron retroactivamente a esa ronda.

En lo que podría ser una virtual violación de los topes de gastos en la primera vuelta, la campaña reportó que gastó el 99,93 por ciento de las sumas legalmente autorizadas. El tope eran 28.536 millones y reportaron gastos por 28.517 millones, es decir dentro del marco permitido.

Los auditores encontraron que para mantenerse dentro de ese margen, al parecer anularon una factura de una empresa de vigilancia y la integraron a la contabilidad por un valor menor.

La empresa contratada se llama Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad y el objeto del contrato era el suministro de escolta privada entre el 2 y el 29 de mayo de 2022.

Dicho contrato tuvo un valor cercano a los 77 millones de pesos, IVA incluido. 

Tres días después del inicio del contrato, el 5 de mayo, Olimpo Seguridad envió una factura cobrando el monto pactado, pero un mes más tarde, el 10 de junio, cuando ya había pasado la primera vuelta y los servicios habían terminado, Olimpo Seguridad le envió a la campaña Petro una nota crédito con la devolución parcial de dicha factura. 

El reembolso fue por 38,6 millones de pesos. Es decir, por la mitad del valor del contrato.

Los auditores dijeron en el informe:

“Con la factura No A587 de mayo 5 de 2022, se hizo el respectivo cobro por el valor pactado, no obstante, el 10 de junio de 2002 se recibe la nota crédito No. NCE-148 por $38.650.425, motivo ‘Devolución Parcial de la Factura A587’. 

Al respecto de la operación observamos lo siguiente: la nota crédito en mención fue recibida en fecha posterior al cierre de la campaña del 29 de mayo de 2022. 

La nota crédito, no se encuentra registrada en el aplicativo de Cuentas Claras haciendo parte del comprobante de egreso No 194 con el cual se originó el asiento contable”.

Esa diferencia de 38,4 millones, pequeña en los grandes números, significó mantenerse dentro de los topes según el informe de auditoría: “Evaluamos que, si no se hace este ajuste al contrato, la campaña presidencial sobrepasaba el tope de gastos permitido en Resolución 694 de 2022 del CNE (...) La dirección de la campaña no brinda las explicaciones, sustentadas y motivadas de la reversión de dicha factura”.

La revista Cambio afirma que la empresa Olimpo Seguridad está vinculada a dos amigos cercanos de Gustavo Petro: los hermanos Eduardo y Polo Ávila. 

El primero fue nombrado embajador en España, y el segundo es desde hace unas semanas el representante del primer mandatario en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Cambio escribe que dialogó con Polo Ávila, quien inicialmente negó cualquier conexión con Olimpo Seguridad.

Sobre el hecho de que su madre y la del embajador en España, Ana Mercedes Navarrete de Ávila, aparece como accionista en una fusión en la que participa esta compañía junto con Alliance Risk, Ávila explicó que su madre murió en 1993, siendo pequeña accionista de la empresa de seguridad Cobasec y que seguramente todavía figura en papeles porque aún no finalizan su sucesión.

Polo Ávila reconoció que tuvo que pagar una multa que en 2018 le impuso la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, pero dijo que nada tuvo que ver con los servicios a la campaña de Petro de 2022, ni con la rebaja que lo salvó de volarse los topes. 

Aseguró que en 2018, en cambio, sí le prestó servicios, que se demoraron mucho en pagárselos y que su única vinculación con el sector de seguridad es que sus hijos son los accionistas de la empresa Guardacol porque decidió que las acciones, de ahora en adelante, las manejarán los miembros de la siguiente generación.

Otro asunto que llamó la atención de los auditores, no tiene que ver con la cuantía, sino con un tema cronológico.

Dos contratistas del Área Metropolitana de Bucaramanga recibieron pagos de la campaña de Petro antes de haberse registrado en la Cámara de Comercio, es decir, antes de existir legalmente: se trata de Mónica Slendy Velásquez y Diego Fernando Londoño.

La cuenta expedida por la señora Velásquez suma 110 millones de pesos. El documento no es una factura electrónica y tiene fecha del 18 de abril de 2022. 

La señora Velásquez expidió la factura dos días antes de haberse registrado como empresa unipersonal ante la Cámara de Comercio.

La auditoría reportó así el informe: “Se encontró que la matrícula mercantil presenta fecha abril 20 y la factura es del 18 de abril 2022, es decir, la factura se expidió con anterioridad al registro de la empresa ante Cámara de Comercio de Piedecuesta. Adicionalmente, la factura no es electrónica”.

Lo mismo ocurrió con Diego Fernando Londoño, quien expidió facturas por 328 millones de pesos. 

Entre esas facturas se encuentran dos que suman 163 millones y fueron expedidas entre el 18 y 19 de abril, días antes de que su empresa fuera inscrita ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Al igual que en el caso de Mónica Slendy Velásquez, las facturas no eran electrónicas y las dos empresas fueron registradas el 20 de abril de 2022. 

Londoño le expidió a la campaña una tercera factura por 155 millones de pesos sin discriminar el IVA, lo cual es una obligación en cobros superiores a los 133 millones de pesos.

“La matrícula mercantil tiene fecha de inscripción el 20 de abril de 2022, sin embargo, el proveedor expidió tres facturas entre el 18 y 19 de abril, que suman $163.600.000, las cuales no son electrónicas, estando obligado. Posteriormente, el 26 de abril, el proveedor género otra factura por $165.000.000 sin discriminar el IVA, monto que supera los $133.014,000, cifra establecida por la DIAN para liquidar el IVA”.

La revista dice también que localizó a Diego Fernando Londoño, quien reveló, además, que está casado con la beneficiaria de los otros pagos cuestionados, Mónica Slendy Velásquez.

Explicó así la expedición de facturas anteriores a la existencia de las empresas: “Porque ellos (la campaña Petro) necesitaban generar los adelantos para nosotros hacer la producción, eran producciones grandes que tenían un alto costo y la única forma de que ellos pudieran generar los adelantos era con la facturación y después se presentó toda la documentación legal para que ellos la pudieran aportar en Cuentas Claras”.

Agregó que su comunicación para la prestación de sus servicios fue directa con Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial.

La auditoría encontró que las empresas no funcionaban en las direcciones registradas en los documentos. 

De otro lado, en la campaña presidencial de Gustavo Petro figura que no pagó arrendamiento por sus sedes en Montería y Cali. 

“En trabajo de campo adelantado por el grupo de auditores, establecimos que existieron sedes de campaña en las ciudades de Cali y Montería, no reconocidos en el gasto por concepto de pago de arrendamientos o servicios; o sin reconocer como donaciones mediante el registro de actas y valoración de los bienes al servicio de la campaña”, precisa el informe.

La ley establece que la donación es la única figura para recibir efectivo o bienes y servicios gratis.

Esa figura puede ser en dinero o en especie, pero de ninguna manera puede ser excluida de la contabilidad como dicen los auditores que pasó en la campaña del presidente Gustavo Petro.

La auditoría también detectó inconsistencias en la instalación de 20 vallas, con un costo de 178 millones de pesos.

El servicio fue contratado por la campaña con la empresa Hanford SAS, pero no se adjuntó el contrato de prestación de servicios ni se especificó dónde habían sido instaladas dichas vallas.

Al revisar el expediente que reposa en la Cámara de Comercio de Hanford SAS, la revista Cambio pudo determinar que dicha compañía está constituida por cinco empresas cuyos representantes legales son los hermanos Eduardo, Sergio, Álvaro, María Cecilia y Ana Eugenia Arango Saldarriaga, todos ellos socios de Valtec, una de las empresas más reconocidas en el negocio de publicidad exterior.

Hanford SAS fue liquidada en septiembre de 2022, un mes después de que Gustavo Petro asumiera la presidencia.

El 20 de septiembre, a las 10:00 a.m., los hermanos Arango Saldarriaga se reunieron en una asamblea extraordinaria de accionistas y acordaron liquidar la empresa, con el argumento de que la misma ya casi no tenía operación, aunque poco tiempo atrás habían cerrado un contrato con la campaña de Petro por casi 200 millones de pesos.

Cambio contactó a Sergio Arango, representante legal de Hanford, quien se negó a dar declaraciones, argumentando que se trataba de información privada y dijo que cualquier tema alrededor de la contratación de dichas vallas debía ser consultado con las directivas de la campaña Petro. 

Cuando se le preguntó por la liquidación de la empresa, solo afirmó que había sido una decisión soberana de los socios.

Otra millonaria contratación destacada por los auditores fue la de material publicitario por 1.446 millones con José Orlando Riveros Casas.

Según la auditoría, se solicitó información financiera de los años 2020, 2021 y 2022 para verificar la idoneidad del proveedor y esta no fue aportada.

Riveros ha trabajado en la administración de Bogotá en dos ocasiones por orden de prestación de servicios.

Su primer contrato fue en 2013, en la Secretaría de Gobierno, durante la alcaldía de Gustavo Petro y la segunda vez en 2021, en la actual administración, en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Riveros le dijo a la publicación virtual que tiene experiencia en artes gráficas e impresos y aseguró que previamente había trabajado en otras campañas como la de los desaparecidos Guillermo Asprilla, Carlos Ossa Escobar y también la de Antonio Navarro Wolff. 

Se definió a sí mismo como cercano a la causa de Gustavo Petro y agregó que tenía una empresa llamada Grafikar Diseños, con la cual trabajó por muchos años.

Sin embargo, al verificar los expedientes en Cámara de Comercio, Grafikar Diseños no tiene documentación registrada.

Este tipo de auditorías externas son una obligación legal y el CNE las contrata desde que entró a regir la Ley 996 de 2005, más conocida como Ley de Garantías.

Se llevan a cabo todas las elecciones y su objetivo es auditar todos los recursos que el Estado entrega a los partidos para su funcionamiento y para sus gastos de campaña. 

Según explicó la entidad, con esas auditorías se hacen planes de mejora, se dan recomendaciones y se retroalimenta a los partidos para que adopten las medidas necesarias que permitan mejorar la administración de los recursos. 

“Si hay hallazgo que amerite, se adelanta el proceso administrativo correspondiente”, agregó el CNE.

Ningún magistrado del órgano electoral se ha manifestado públicamente sobre el asunto y una funcionaria de la entidad aseguró que la decisión de si se investiga a fondo una campaña o no, está sujetas a un alto grado de discrecionalidad.

Las normas establecen que si se comprueban las violaciones a la ley electoral, el presidente y la vicepresidenta podrían ser removidos de sus cargos.

Lo que dijo el gerente de la campaña

La revista Cambio informó que contactó a la Casa de Nariño para obtener una explicación sobre el informe contable, pero el equipo de prensa del presidente y su jefa de gabinete, Laura Sarabia, aseguraron que el asunto debía ser atendido por Ricardo Roa, gerente de la campaña.

Roa afirmó que los costos y gastos reportados correspondientes a la consulta interpartidista y la primera vuelta ya han sido reintegrados por el CNE.

Respecto al contrato con Olimpo Seguridad para el servicio de escolta y a diferencia de lo dicho por el informe de auditoría, señaló que la posibilidad de violar los topes de la primera vuelta era “absolutamente inviable”, porque los gastos reportados por la campaña estuvieron 276 millones por debajo del límite fijado por la ley.

El gerente explicó que el contrato se modificó mediante otrosí el 11 de mayo de 2022 debido a que se “evidenció la posibilidad de reducir a la mitad la operativa del servicio de asesoría en seguridad pasando de 10 a 5 escoltas”.

Sin embargo, la auditoría resalta que casi tres semanas después, para el 29 de mayo, día en que se llevó a cabo la primera vuelta, la nota crédito con la que se corrigió la diferencia de valores no había sido aportada al aplicativo Cuentas Claras

Roa indicó que cuenta con comprobantes de egresos y documentos que reafirman su versión y que están en poder del CNE, pero no los compartió con Cambio.

Respecto a las facturas para impresos, emitidas antes de que las empresas fueran constituidas, Roa dijo que los empresarios (Diego Fernando Londoño y Mónica Slendy Velásquez) habían actuado como proveedores en un contrato que la campaña suscribió con el periódico regional Vanguardia. 

Sin embargo, Londoño dijo que él se había entendido directamente con el equipo de gerencia de la campaña Petro, incluyendo al propio gerente Roa y agregó que los pagos hechos a la pareja como personas naturales fueron en razón de un anticipo, sin embargo, después de la entrega de los impresos les fue solicitado generar las respectivas facturas electrónicas.

Frente a las sedes de campaña de Cali y Montería, el gerente explicó que “pertenecieron a aspirantes a la Cámara por diferentes partidos (...) por lo cual, en ningún momento fueron ni arrendadas, ni contratadas por la Gerencia Nacional de la campaña, como tampoco recepcionadas a modo de donación en especie”. 

En el caso de Cali sus palabras fueron contradichas por Julián Zapata, excandidato a la Cámara por el Partido Alianza Verde y quien usaba el inmueble en cuestión, que aseveró que “el espacio pertenece a un empresario” al que sí se le debía cancelar un canon de arrendamiento.